En la audiencia que se llevará a cabo este miércoles la ministra de Salud, Sonia Velázquez, solicitará que la denuncia por amenazas y coacción contra el exdiputado provincial, José Allende, tenga tratamiento diferenciado y no forme parte del acuerdo de juicio abreviado por enriquecimiento ilícito. “Consideramos que a estos delitos se les debe dar un tratamiento específico para que por fin se le pongan palabras y títulos a lo que vivenciamos las mujeres a diario”, explicó su abogada Fernanda Vázquez Pinasco
Este miércoles se llevará a cabo la audiencia del juicio abreviado contra el exdiputado José Allende por los delitos de negocios incompatibles con la función pública y por amenazas a la ministra de Salud y al periodista Martín Carboni.
Al respecto, la abogada que patrocina a la funcionaria explicó que solicitarán que “los hechos que fueron denunciados hace dos años no formen parte del juicio abreviado”, por el que ya se acordó una multa de 3 millones de pesos, una pena de prisión condicional de 2 años y 8 meses y la inhabilitación de modo perpetuo para ejercer cargos públicos.
“En la audiencia de mañana vamos a pedir que se separe nuestro legajo, y si se quiere acordar un juicio abreviado nosotras no nos vamos a oponer, pero queremos que se apliquen las reglas de conducta específicas y se le dé el tratamiento especial teniendo en cuenta la gravedad del delito que se cometió”, adelantó Vázquez Pinasco.
En ese sentido, aclaró: “No queremos un punitivismo patriarcal, sino que consideramos que en el contexto de violencia de género en el que se cometieron estos delitos, estando Allende también en el ejercicio de la función pública, se debe dar un tratamiento especial y específico para que por fin se le pongan palabras y títulos a lo que vivenciamos las mujeres a diario por el solo hecho de ser mujeres”.
“Si bien la Ministra está con todo su potencial abocado al cuidado de la salud pública en este contexto de pandemia, estamos entusiasmadas con que el tribunal de mañana en primera medida nos vaya a oír, y también pueda reflexionar respecto de lo que vamos a peticionar. Los delitos contra la Administración Pública nada tienen que ver con un delito contra la libertad de una persona, una mujer, cuyos derechos que tienen especial protección por las asimetrías de poder que durante siglos venimos padeciendo”, mencionó.
Por último, adelantó que mañana también solicitarán que se revea la pena respecto del delito de amenaza, ya que según explicó fue condenado con la pena más baja, “mientras estamos ante agravantes que deben ser tenidos en cuenta”.
“No hay reparación económica para la Ministra ni para ninguna víctima de este tipo de delitos porque el Derecho Penal no contempla un resarcimiento económico, salvo que se acuerde previamente”, dijo y agregó: “No debemos dejar de hacer notar que no hay un presupuesto dentro de la Administración Pública destinado para las querellas, pero sí para el Ministerio Público de la Defensa, impartiendo nuevamente una desigualdad de género ya que los hombres denunciados tienen acceso a una defensa constitucional y legal de manera gratuita, mientras que las mujeres no. Por lo que si sos pobre, sos doblemente víctima”.
